La Propuesta de Enmienda a la Constitución brasileña que amplia los derechos de los empleados del hogar sigue su curso jurídico con éxito, a un paso de combatir las desigualdades de raza, género y clase social enquistadas en esta profesión.
En 1824 el explorador alemán Erns Ebel relató en sus cuadernos de viaje que a su llegada a Río de Janeiro, en pleno apogeo del comercio esclavista, colocó un anuncio en el periódico que decía: "busco una negra que sepa lavar, pasar la plancha y que entienda algo de cocina".
Aquel viajero alemán encontró a una joven de dieciséis años llamada Delfina que le costó 11.000 reales de la época, lo que hoy equivaldría a la mitad del salario mínimo brasileño (unos 194 dólares).
El inicio del trabajo doméstico en Brasil se confunde con la esclavitud, que no fue abolida hasta 1888. Sin embargo, las tareas de los empleados del hogar continuaron casi un siglo después sin ninguna regulación y en condiciones de servidumbre.
Apenas han transcurrido cuarenta años desde la primera ley que reconoció en el país la profesionalización del trabajador doméstico como "aquel que presta servicios de naturaleza continúa y de finalidad no lucrativa para una persona o una familia en el ámbito residencial", según el artículo 1 de la Ley Federal 5.859 de 11 de diciembre de 1972.
No obstante, el texto pasó por alto la reglamentación de la jornada de trabajo, el seguro del desempleo, y otros beneficios que corresponden al resto de profesiones y por los cuales las trabajadoras del hogar brasileñas llevan años de lucha.
"Ninguna categoría profesional expresa tan claramente la discriminación de género y raza en el mercado laboral brasileño como el trabajo doméstico, considerado una habilidad natural de las mujeres y, por tanto, infravalorado", explica la directora del sindicato Central Unica de los Trabajadores (CUT), Rosana Souza de Deus.
En Brasil, hay cerca de 6,7 millones de empleados domésticos, de los cuales un 93 por ciento son mujeres y el 62 por ciento de ellas son negras, según el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), basado en datos de 2009 a 2011.
Para que la igualdad de derechos de todos los trabajadores del país sea una realidad, es necesario modificar el artículo 7 de la Constitución Federal brasileña que actualmente excluye a los empleados domésticos de derechos esenciales garantizados por el Estado, como la regulación de la jornada de trabajo y el subsidio de desempleo.
Con este objetivo fue creada en la Cámara de los Diputados una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 478/10, conocida como PEC Doméstica.
Se trata de uno de los procedimientos jurídicos más latosos porque necesita obtener la ratificación en dos turnos de las dos cámaras legislativas brasileñas: la Cámara de los Diputados y el Senado Federal.
En ese punto se encuentra ahora la PEC Doméstica, tras pasar la primera prueba de fuego al obtener luz verde de la Comisión Especial de la Cámara de los Diputados, a principios de noviembre.
El camino no es sencillo y ellas lo saben. Por ello, las asociaciones que promueven el trabajo del hogar digno coinciden en que ahora es el momento de "sensibilizar a la sociedad, tanto a los parlamentarios como a los movimientos sociales", afirma la presidenta de la Federación Nacional de las Trabajadoras Domésticas (Fenatrad), Creuza Olivera.
El pasado 20 de noviembre, día Nacional de la Consciencia Negra, un grupo de empleadas domésticas se manifestaron en el Plenario de la Cámara de los Diputados.
"El derecho de la cartera asignada de trabajo para las empleadas domésticas existe desde 1972, pero oficialmente 4,6 millones de mujeres profesionales no cuentan con ella. Tenemos el apoyo de las mujeres, también el de la comunidad negra y mestiza, pero necesitamos el de toda la clase trabajadora", recalca Olivera.
La diputada que redactó la PEC Doméstica -militante del gobernante Partido de los Trabajadores (PT)- se muestra optimista con la aprobación de la enmienda: "A pesar de los obstáculos encontrados por la categoría del procedimiento, existe un apoyo del gobierno y la perspectiva es que sea aprobada por el Congreso", señala Benedita da Silva, en declaraciones a medios locales.
Además del reto jurídico, Olivera considera que para su futuro cumplimiento va a ser fundamental un control riguroso de las sanciones, y también "un cambio en la mentalidad de la población".
Precisamente especialistas, como la abogada paulista Camila Rigo, ya han expresado sus dudas ante las ventajas de la posible medida.
"Las modificaciones propuestas van a encarecer mucho el contrato de este servicio para una renta familiar. Consecuentemente, habrá un aumento de la informalidad", argumentó.
Algunos de los derechos reflejados en la enmienda son: la jornada de trabajo de 44 horas semanales, la paga adicional por horas extra y horario nocturno, el seguro de desempleo, ayudas para la guardería y el seguro contra accidentes en el trabajo.
Esta dignificación de la profesión supone un aumento mensual del 8 por ciento para el bolsillo del empleador. Sobre este aspecto, Olivera opina que es un coste adicional "pequeño" en relación al servicio que ofrecen las profesionales del hogar.
"Sin las empleadas, las familias tendrían que pagar guarderías, comer fuera, lavar la ropa en lavanderías. Nosotras tenemos que tener derechos como los de cualquier trabajador y quién no pueda pagar por los servicios que prescinda de ellos", concluye. Fi
No hay comentarios:
Publicar un comentario